La inhabilitación es una sanción administrativa muy seria que prohíbe a quienes han cometido infracciones ser contratados en cualquier nivel de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal. Esto se extiende a cualquier modalidad, incluyendo cargos de confianza y honorarios. Además, los inhabilitados no pueden ser proveedores o prestadores de servicios, lo que representa un fuerte impacto en su futuro profesional.
Causas de la inhabilitación
La inhabilitación puede surgir por diversas razones, siendo una de las más comunes la falta de presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses. Según la Ley de Responsabilidades, la Contraloría tiene la autoridad para sancionar a los servidores públicos que incumplen estas obligaciones. Importante señalar que esta sanción no exime a los servidores públicos de seguir presentando sus declaraciones, pues esta obligación persiste aun tras la inhabilitación.
Impacto y registros en el sistema
Es fundamental que todas las inhabilitaciones queden registradas en el Sistema Nacional de Servidores Públicos Sancionados. Esto permite transparenciar la información y asegurar que cualquier decisión de contratación se base en pruebas de idoneidad. Además, gracias a las plataformas digitales nacionales, las autoridades pueden consultar registros que van más allá de los antecedentes penales, incluyendo declaraciones patrimoniales y faltas administrativas.
La pena para el condenado a inhabilitación es independiente a las acciones de la Procuraduría, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Unidad de Investigación Financiera, las fichas rojas de INTERPOL, entre otros. La inhabilitación es una etiqueta de investigación y de antecedentes laborales.
