La Contraloría de Hidalgo juega un papel crucial en el mantenimiento de los principios del servicio público. Su labor de vigilancia y control se enfoca en sancionar conductas que, sean graves o no, representan incumplimientos que afectan la confianza ciudadana y el correcto funcionamiento de las instituciones. Las faltas administrativas, como acciones u omisiones, requieren atención para asegurar un servicio público de calidad.
Sanciones específicas para conductas inadecuadas
El marco legal establece sanciones específicas para corregir y prevenir conductas inapropiadas. Entre ellas, encontramos la amonestación, la suspensión temporal del empleo, la destitución y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un periodo determinado.
Estas medidas buscan fortalecer la cultura de responsabilidad y el compromiso institucional con la legalidad.
El procedimiento sancionador
El procedimiento sancionador se lleva a cabo a través de un proceso administrativo formal, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa del implicado. Durante este proceso, se realizan audiencias, se presentan pruebas y se emiten resoluciones finales, asegurando así la transparencia en cada etapa.
A la fecha, la Contraloría ha impuesto un total de 180 sanciones administrativas, incluyendo 150 amonestaciones, 18 inhabilitaciones y una suspensión, lo que demuestra un compromiso firme en la mejora continua del servicio público.