El viernes, los presuntos infiltrados en la marcha del 8M, identificados como Mauricio N. y Jonathan N. fueron vinculados a proceso por delitos serios como lesiones, sedición y ultrajes ocurridos durante los entrentamientos entre manifestantes y policías.
Como resultado, ambos permanecen en prisión preventiva. Este tiempo se ha establecido para la investigación complementaria, pero familiares y sociedad civil plantea interrogantes sobre la veracidad de las acusaciones hechas en su contra.
Defensa y argumentaciones
Durante la audiencia, los abogados de los imputados, Carlos Sabas y Daniel García Luna, argumentaron que no se ha demostrado que las presuntas víctimas tuvieran la calidad de autoridad. Destacaron la falta de pruebas que soporten esta afirmación. Además, hicieron hincapié en que las lesiones atribuidas a los acusados son leves y no justifican su detención provisional.
Familiares y amigos de los detenidos protestaron en las afueras de los juzgados, mientras esperaban el desarrollo de la audiencia inicial.
A pesar de las acusaciones iniciales, que incluían el uso de gasolina sobre las vallas de seguridad, este cargo ya no forma parte del proceso. La defensa planea solicitar un cambio de medida cautelar para que ambos acusados puedan enfrentar el proceso en libertad. También pedirán una revisión exhaustiva de los videos presentados como evidencia.
Adicionalmente, el juez ha ordenado al ministerio público abrir una carpeta de investigación sobre la actuación de los policías involucrados, dado que los acusados también presentaron lesiones durante su detención.