El 8 de marzo, tras la marcha feminista en Pachuca, dos hombres, identificados como Jonathan N. y Carlos N., fueron detenidos por elementos de seguridad pública. Este acto ocurrió en un entorno de protestas por los derechos de las mujeres, donde se buscaba visibilizar la lucha contra la violencia de género, pero la situación se tornó tensa y terminó en incidentes, lo que llevó a estas dos detenciones y su presentación ante un juez de control.
Decisiones y consecuencias
En su audiencia, el juez Luis Raúl González Becerra decidió dictar prisión preventiva justificada para ambos imputados. Este fallo se basó en la gravedad de los delitos de lesiones, sedición y ultrajes a la autoridad que enfrentan.
La falta de un domicilio comprobable y un empleo estable también influyó en la decisión del juez al establecer que Jonathan y Carlos permanezcan en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Pachuca.
Los hechos y el impacto en la comunidad
Durante las movilizaciones, se reportaron enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Los datos oficiales de las autoridades, el saldo fue de 20 mujeres policías lesionadas y daños en varios puntos de la ciudad.
Uno de los arrestados fue implicado en un intento de incendiar las vallas de protección, poniendo en riesgo a los oficiales presentes. Un tercer hombre fue detenido posteriormente el 9 de marzo, aunque no ha sido presentado ante el juez. Se espera que la situación legal de Jonathan N. y Carlos N. se defina en la próxima audiencia programada para el 14 de marzo.