El gobernador Julio Menchaca envió un paquete de iniciativas anticorrupción al Congreso de Hidalgo, según informó la Coordinación General de Comunicación Gubernamental.
Se trata de una iniciativa de ley y tres propuestas de reforma a leyes, cuyo objetivo es combatir la corrupción garantizando el correcto uso de los recursos públicos.
De acuerdo con el boletín, la iniciativa de Ley que propone el titular del ejecutivo estatal es para la Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, la cual busca establecer las bases generales para que los servidores públicos entreguen los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos, a aquellas personas que las sustituyan, con motivo de la conclusión de su empleo, cargo o comisión.
En ese sentido, Menchaca Salazar propone la creación de una Comisión de Entrega, la cual será la responsable de dar seguimiento al avance del proceso de cambio del Poder Ejecutivo del Estado y se conformará 12 meses previos a la conclusión del ejercicio constitucional.
Con esta ley propuesta, además de instalar el comité de entrega-recepción, el gobernador electo y el mandatario estatal en turno tendrán la obligación de elaborar un informe de rendición de cuentas.
Otra de las propuestas enviadas por el gobernador al Congreso es un proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, con la intención de delimitar las competencias de las secretarías de Contraloría, Infraestructura y Desarrollo Urbano Sostenible, así como de Hacienda.
Además, el mandatario propone reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo, para establecer las responsabilidades que tendrán la Oficialía Mayor y la Secretaría de Contraloría en los procesos de entrega recepción.
Por último, la coordinación de comunicación detalló que Julio Menchaca propone reformar, también, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo, con el objetivo de establecer unidades de transparencia en cada ente que reciba recursos públicos.